Un monitoreo realizado por el Observatorio Social de la Universidad del Alba (Udalba) ha revelado que un 43% de los trabajadores no ha notado cambios significativos en el clima laboral desde la entrada en vigencia de la Ley Karin, el 1 de agosto del año pasado. Esta normativa tiene como objetivo prevenir y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en los lugares de trabajo, y su aplicación es obligatoria tanto en empresas públicas como privadas.
A pesar de los esfuerzos legislativos, el monitoreo también señala que solo un 15% de las víctimas de acoso recurrieron a canales formales como recursos humanos, mientras que un 27,7% optó por renunciar tras sufrir la agresión. Estos datos revelan la falta de efectividad de la ley para generar un cambio real en la cultura laboral, lo que fue señalado por Cristián Monckeberg, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Udalba, quien indicó que la ley ha generado un «shock comunicacional», pero aún está lejos de transformar la cultura laboral en profundidad.
El estudio también apunta a que la norma no aborda los problemas de fondo, que están relacionados con interacciones sociales mucho más complejas. Además, la ley impone requisitos burocráticos a los empleadores, los cuales no parecen ser eficaces en la prevención y, en algunos casos, podrían estar generando más conflictos.
La eficacia de la Ley Karin se vio aún más cuestionada tras el suicidio de una funcionaria del Ministerio de Hacienda el 15 de enero, quien previamente había denunciado acoso laboral por parte de su jefe. Según Monckeberg, en ese caso «tuvimos ley y no sirvió de manera preventiva», destacando la falta de confianza, canales de denuncia efectivos, capacitación periódica y resultados rápidos en las investigaciones, lo que genera desconfianza entre los trabajadores.
