La Minera Los Pelambres, operada por Antofagasta Minerals, ha presentado ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un ambicioso proyecto que busca extender la vida útil de sus operaciones hasta el año 2051. Esta iniciativa, que contempla una inversión de US$2 mil millones, se enfoca en añadir 1.200 millones de toneladas de reservas adicionales a las 2.100 millones ya aprobadas, asegurando la continuidad del yacimiento ubicado en Salamanca, región de Coquimbo.
Además de la extensión en su operación, el proyecto promete generar un impacto significativo en el empleo local, estimándose la creación de 4.000 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, el camino para la aprobación aún está en curso. Una vez que el SEA entregue su informe favorable, la propuesta será sometida a votación en la Comisión de Evaluación Ambiental de la región.
Si el proyecto recibe la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), podría avanzar sin mayores contratiempos. En caso de rechazo, la minera tendría la opción de apelar ante la dirección ejecutiva del SEA o el Comité de Ministros. Al respecto, el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), subrayó la importancia de que estas iniciativas cumplan estrictamente con los estudios de impacto ambiental para garantizar su viabilidad.
Minera Spence avanza en proyecto de adecuación por US$1.600 millones
En paralelo, el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de adecuación de la Minera Spence, operada por la australiana BHP, recibió una recomendación favorable por parte del SEA de la región de Antofagasta. Este proyecto, que implica una inversión de US$1.600 millones, busca cumplir con las normativas ambientales vigentes mediante medidas de mitigación y compensación apropiadas.
El informe técnico asegura que se han cumplido todos los requisitos necesarios, abriendo paso a la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta, programada para mañana. En este contexto, el diputado José Miguel Castro, de Renovación Nacional (RN), expresó su confianza en que el Gobierno no politice el proceso y permita avanzar en un proyecto que cumple con las regulaciones establecidas.
Ambos proyectos representan una oportunidad significativa para la minería nacional, tanto en términos de desarrollo económico como de generación de empleo, siempre bajo la premisa del cumplimiento de las normativas ambientales que rigen en el país.
