En una jornada clave para el sistema previsional del país, la Cámara de Diputados aprobó con una amplia mayoría la reforma de pensiones impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric, en lo que se considera uno de los cambios más significativos al modelo instaurado hace más de cuatro décadas. La iniciativa busca mejorar las jubilaciones y abordar una de las principales demandas ciudadanas en materia social.
El presidente Gabriel Boric celebró la votación como un «tremendo logro para Chile», destacando que se trata de un «acto de justicia» con la ciudadanía, al responder a una de las deudas históricas que arrastra el país. La reforma, que ha sido objeto de intensas negociaciones y modificaciones desde su presentación en 2022, representa un avance en la regulación del sistema previsional y en la distribución de los aportes.
El actual modelo, creado en 1981 durante la dictadura de Augusto Pinochet, estableció un sistema de capitalización individual, donde cada trabajador formal debe aportar el 10% de su sueldo mensual a una cuenta personal administrada por las AFP. Mientras sus defensores han argumentado que este sistema ha contribuido al desarrollo del mercado de capitales en Chile, sus críticos lo consideran injusto y poco eficiente, beneficiando solo a quienes han tenido empleos estables y sueldos altos a lo largo de su vida laboral.
Principales cambios en la reforma
La reforma aprobada contempla un aumento en las pensiones para 2,8 millones de jubilados, con alzas que fluctúan entre un 14% y un 35%. Asimismo, se incrementa la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 250.000 pesos, y se eleva la tasa de cotización desde el actual 10% hasta un 17%, con el 6% adicional financiado por los empleadores de manera gradual.
Otro de los puntos clave de la reforma es la creación de un seguro social, con mecanismos de solidaridad intra e intergeneracional, lo que permitirá mejorar las pensiones de quienes hayan tenido lagunas previsionales o ingresos más bajos. Además, se endurecen las regulaciones sobre las AFP, con el objetivo de hacer el sistema más competitivo y transparente.
Para el Gobierno, esta reforma representa un giro en el modelo previsional chileno, avanzando hacia un sistema mixto con mayor intervención estatal, aunque sin eliminar las cuentas individuales administradas por entidades privadas. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, destacó que la iniciativa «le cambia la cara a lo que la dictadura le hizo a este país» y permite dar un paso hacia una mayor equidad en las pensiones.
Opiniones divididas y escepticismo ciudadano
A pesar del amplio respaldo legislativo, la reforma ha generado posturas encontradas dentro del espectro político. Mientras que el Gobierno y sectores de centroizquierda valoran la medida como un avance, algunas facciones del oficialismo, en especial el Partido Comunista y parte del Frente Amplio, han criticado que se hicieron demasiadas concesiones durante la negociación.
Desde la derecha, si bien Chile Vamos respaldó la iniciativa, sectores más conservadores rechazaron la propuesta, argumentando que atenta contra la propiedad de los ahorros previsionales de los trabajadores. José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, expresó su rechazo a la reforma, advirtiendo que esta «le quita a los trabajadores uno de sus bienes más preciados, el derecho a la propiedad sobre sus ahorros» y afirmó que, en caso de llegar al Gobierno, su sector buscará derogarla.
En la ciudadanía también prevalece el escepticismo. Según la última encuesta Data Influye, el 64% de los mayores de 55 años considera que la reforma no resolverá de manera definitiva el problema de las pensiones, mientras que un 33% cree que solo lo solucionará en parte. Solo un 1% se manifestó completamente conforme con la reforma.
Un avance en medio de un debate sin cierre definitivo
La discusión sobre el sistema previsional ha sido una de las más largas y complejas en el Congreso, con intentos fallidos en los gobiernos anteriores de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Las pensiones han sido una de las principales preocupaciones ciudadanas y una de las grandes demandas del estallido social de 2019, lo que ha ejercido presión sobre el sistema político para generar cambios estructurales.
Si bien la reforma aprobada representa un avance en materia previsional, el debate sobre el futuro del sistema de pensiones en Chile está lejos de concluir. El Gobierno deberá enfrentar ahora el desafío de implementar los cambios aprobados y convencer a la ciudadanía de que esta medida efectivamente contribuirá a mejorar la calidad de vida de los jubilados en el país.
