Este viernes 31 de enero expiró el plazo establecido por la justicia para el desalojo de la megatoma de San Antonio, en la Región de Valparaíso, sin que hasta ahora se haya concretado la medida.
En el sector residen alrededor de 10 mil personas distribuidas en 3.000 familias, ocupando un terreno de 260 hectáreas que impidió la construcción del acceso norte al puerto local, parte del Plan Nacional de Desarrollo Portuario.
El Gobierno había solicitado en noviembre la extensión del plazo para gestionar soluciones habitacionales, pero los dueños legales del terreno anunciaron que presentarán un escrito ante la Corte Suprema para insistir en la orden de expulsión y solicitar el uso de la fuerza pública.
Karina Ayala, dirigente del Comité Nuevos Aires, afirmó que los vecinos permanecen atentos, pero tranquilos, asegurando que Gloria Mayra, representante del Ministerio de Vivienda, les ha garantizado que no habrá desalojo mientras avanzan las gestiones para la formación de cooperativas habitacionales.
Sin embargo, el abogado de los propietarios sostuvo que las conversaciones con el Minvu se encuentran en un «punto muerto». Por su parte, la delegada provincial de San Antonio, Carolina Quintero, destacó el trabajo realizado para generar acuerdos y permitir la regularización del terreno en favor de las familias asentadas.
