Las repercusiones políticas continúan tras la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende para transformarla en un museo, operación que generó críticas debido a que beneficiaba directamente a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la senadora Isabel Allende.
En medio de una investigación penal liderada por la Fiscalía Centro Norte y de recursos presentados ante el Tribunal Constitucional por una posible destitución de autoridades, nuevos antecedentes han salido a la luz.
Según reveló Ciper, el Ministerio de Bienes Nacionales advirtió en reiteradas ocasiones a Presidencia sobre los efectos negativos de la adquisición de la vivienda. Estas advertencias habrían sido planteadas al equipo del presidente Gabriel Boric en al menos tres reuniones realizadas entre junio y noviembre de 2024.
Asimismo, la exministra Marcela Sandoval –quien dejó su cargo en medio de la crisis– habría informado sobre estos reparos al asesor de Presidencia, Leonardo Moreno. No obstante, de acuerdo con la investigación, Moreno habría calificado la situación como un «problema comunicacional» del que se encargaría el Ejecutivo.
Pese a estos antecedentes, desde Presidencia señalaron el pasado 8 de enero que “a lo largo del proceso, no se formalizaron reparos o advertencias a la Presidencia de la República”, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de la compra.
